Durante los anteriores gobiernos del Partido Popular (1996-2004), la concentración de presos ultraderechistas en cárceles de la comunidad de Madrid generó un incremento de las agresiones contra presos políticos e inmigrantes. Estos hechos eran consecuencia de la política penitenciaria del PP y fueron fomentados y amparados por un poderoso núcleo de funcionarios de ideología fascista. En Catalunya, Comunidad con plenas competencias penitenciarias, elementos procedentes de la ultraderecha controlaban el sindicato de prisiones más influyente: CATAC Presons.
El siguiente reportaje acerca de las cárceles de España fue publicado en el número 6 de la revista vasca KALEGORRIA, correspondiente al mes de Diciembre de 2001.

La política penitenciaria del Partido Popular está produciendo una concentración de presos neonazis y fascistas en la Comunidad de Madrid, especialmente en Alcalá-Meco, Soto del Real, Valdemoro, Aranjuez y Navalcarnero. Estos presos se organizan dentro de prisión y agreden a otros reclusos, especialmente a inmigrantes y presos vascos.

Uno de los últimos episodios ha sido la agresión sufrida por el preso político vasco Jon Duandikoetxea en Alcalá-Meco, a finales del pasado mes de octubre. Según Gestoras pro-Amnistía, un carcelero incitó a un preso social a agredir a Duandikoetxea. El preso social trató de conseguir el apoyo de otros, sin resultado, por lo que terminó situándose frente al preso vasco con un cartel que contenía el lema “Arriba España”, lo que produjo un enfrentamiento del que el preso vasco salió con un diente roto.

Tras la pelea, los funcionarios internaron en aislamiento a Duandikoetxea y a su compañero Jurdan Martitegi, que había intentado ayudarle a través de los barrotes de la puerta, sin que hubiera, que se sepa, consecuencia punitiva alguna para el ultraderechista.

Los enfrentamientos, fomentados por elementos filonazis en el Módulo 4 (preventivos) de Alcalá-Meco, vienen de antiguo. Hace dos años, se produjeron altercados graves cuando presos políticos y sociales decidieron responder a las provocaciones. Los ultraderechistas recibieron la paliza de su vida y las fuerzas policiales antidisturbios se situaron al pie del centro, aunque no llegaron a actuar.

Trato de favor

La mayoría de la población reclusa ultraderechista a la que hacemos referencia está vinculada a grupos de skinheads y hooligans. En la mayoría de los casos ingresan en prisión por estar relacionados con palizas, tanto motu proprio como por encargo. Dentro de prisión se les permite mantener su idiosincrasia, su simbología, su vestimenta y la parafernalia que les caracteriza. Esto contrasta con la actitud agresiva e intolerante que observan los mismos carceleros hacia los presos políticos, especialmente los vascos, que han recibido agresiones simplemente por mostrar una pancarta con el lema “Euskal presoak Euskal Herrira”.

Las diferentes varas de medir son una constante y determinados presos ultras han gozado de un trato de favor que les permite reducir condena. Uno de los casos más sonados es el del ultra catalán Carlos Francisoud, quien, además de gozar de trato de favor por parte de la Policía –según su propio testimonio, pactó con el comisario de la Brigada de Información de la Policía Nacional el reconocimiento de ciertos atentados a cambio de penas leves–, también, una vez en la cárcel, estuvo en “destinos”, lo que le permitía mantenerse en estrecho contacto con los carceleros, colaborar con ellos espiando y delatando a otros presos y, de este modo, reducir condena.

El caso de Francisoud no es una excepción. La tónica es ver cómo los acusados por delitos relacionados con la ultraderecha reciben un trato favorable durante todo el proceso. Sólo la presión social puede conseguir una condena relevante, como sucedió a raíz del asesinato de Aitor Zabaleta, aunque, en este caso, sólo para el culpable material de la muerte, Ricardo Guerra. En otros casos, como el del joven Marcos Sexma, que fue seriamente agredido en 1999 (le rompieron el cráneo), sus agresores, con excepción de uno que tenía antecedentes por hechos similares, no fueron procesados, y éste, de nombre Ángel Gómez Pérez, militar ultra e hijo de un policía nacional, se libró de la cárcel al saldarse el tema con unas indemnizaciones, sin alegación alguna por parte del fiscal.

El informe “Respuesta legal y judicial a los grupos urbanos violentos”, firmado por Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, señala que las agresiones colectivas protagonizadas por grupos ultras quedan impunes porque intencionalmente se presume que los hechos “siempre son constitutivos de peleas entre grupos […] aunque de una parte sean doce o catorce y las víctimas, como mucho, dos o tres” y, sobre todo, porque “los jueces vienen exigiendo para condenar, y los fiscales para acusar,” que en los casos de agresiones y lesiones múltiples “se acredite cuál ha sido el agresor que ha provocado cada lesión en concreto”, algo difícil, más aún cuando el resultado de la agresión es la muerte de la víctima.

Agresiones en prisión

Algunas de las agresiones sufridas en prisión por inmigrantes tienen un claro componente racista. En los informes de la Asociación contra la Tortura de 1999 y 2000, aparecen estos casos en los que las palizas, propinadas por funcionarios, son aderezadas con expresiones del tipo “no veas la guerra que da el moro de mierda” y otras por el estilo. En el mentado informe, la cárcel de Soto del Real es la que registra un mayor número de denuncias de esta clase. Además, los presos ultras organizados arremeten contra los inmigrantes aprovechando que muchos de ellos no hablan castellano y desconocen los mecanismos de denuncia. Hay que tener en cuenta que en prisión presentar una denuncia puede acarrear consecuencias serias: palizas, aislamiento, traslado y hasta la muerte.

La impermeabilidad del mundo carcelario es un caldo de cultivo propicio para este tipo de abusos, que no trascienden a la opinión pública, lo cual puede crear la impresión de que no hay problemas. Por otra parte, a las dificultades inherentes al medio carcelario, hay que añadir el papel que desempeñan los carceleros fascistas, brindando protección e impunidad a presos ultras. En estas condiciones es difícil realizar una denuncia desde el interior de las prisiones.

Coacción laboral

Los carceleros fascistas utilizan aspectos como la alarma social tras un crimen sonado, sea dentro o fuera de prisión (por ejemplo, el asesinato y violación de la niña Olga Sangrador a manos de un preso durante un permiso penitenciario), para arremeter contra Instituciones Penitenciarias clamando por un endurecimiento de las medidas de control de los internos.

Al mismo tiempo, estos carceleros utilizan fugas, disturbios, motines etcétera para cargar las tintas contra aquellos compañeros que no ven con buenos ojos los abusos sobre los presos, aunque no lleguen a denunciarlos. Así, a un carcelero que no comparta las tesis represivas, dominantes entre el funcionariado y defendidas por sus sindicatos, no le queda más remedio que adaptarse o irse, pues de lo contrario tendría que enfrentarse a la hostilidad corporativa e incluso a un expediente.

Los carceleros ultraderechistas de Catalunya

El sindicato CATAC Presons es mayoritario en las prisiones de Catalunya y agrupa a 500 funcionarios partidarios de la “mano dura”, que consiste en, basándose en los modelos alemán y estadounidense, primar las medidas represivas y de seguridad sobre lo que debería ser la prioridad de las cárceles: la reinserción de los reclusos.

Aunque, en principio, CATAC es un sindicato de carácter nacionalista y asambleario, en 1999 decidió integrar en sus filas a funcionarios procedentes de la USIP (Unión Sindical de Instituciones Penitenciarias), de claro carácter ultraderechista. Entre ellos destacaba el actual [Diciembre de 2001] máximo responsable de CATAC Presons, Manuel Allué, un ultra que comenzó a trabajar en la Modelo de Barcelona en 1987 y terminó en CATAC tras pasar por el sindicato ultra UFL, por ASI y por USO. Fue suspendido un año de empleo y sueldo por hechos acaecidos en el departamento especial de la cárcel de Quatre Camins.

Pero la incorporación de Allué no era anecdótica. Junto a él estaban Ángel Colmenar (juzgado y condenado por malos tratos en la cárcel de Can de Brians), Sandra Soto (implicada junto al ultra Nicolás Vilasante en turbios asuntos, por ejemplo la sustracción y faxeo de la ficha de un expreso de Terra Lliure), el abogado Jesús Beltrán (conocido en ambientes falangistas barceloneses) y los hoy retirados Víctor Casado (juzgado y condenado por estafa) y José María Font (que, según fuentes policiales, estuvo vinculado a CEDADE y al VI Comando Adolf Hitler). En los boletines sindicales rugen contra la Administración y los presos.

Con estos antecedentes en política penitenciaria, puede esperarse lo peor en las cárceles de España durante la presente legislatura del PP.

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