Este artículo acerca de la discriminación inmobiliaria contra inmigrantes en Euskal Herria apareció en el número 12 de la revista vasca KALEGORRIA, correspondiente al mes de Junio de 2002.
La situación general de la vivienda de alquiler afecta de modo especialmente grave a la población inmigrante en Euskal Herria. A la carestía y escasez de la oferta hay que añadir otro factor: el racismo de inmobiliarias y de propietarios particulares, que se niegan a alquilar a los inmigrantes, y el de los vecinos, que no les quieren en el edificio. Esto facilita los abusos y la estafa.
En Euskal Herria, el problema de la carestía de la vivienda afecta dramáticamente a la cada vez más nutrida población inmigrante. La demanda supera con creces a la oferta, pero, además, el acceso a una vivienda se ve dificultado y hasta imposibilitado por el racismo y la sed de negocio de inmobiliarias y propietarios. Se han dado numerosos casos de discriminación, estafa y racismo que han traído como consecuencia el hacinamiento de familias enteras de inmigrantes en pisos pequeños y la presencia cada vez mayor de inmigrantes durmiendo en las calles de Hegoalde. Las administraciones autonómicas y el Gobierno de Madrid no toman medidas, posibilitando, así, el lucro de agencias y particulares sin escrúpulos y la marginación de todo un sector de la población civil.
El mercado, con precios de por sí abusivos para la población autóctona, lleva a los inmigrantes a pagar alquileres que van desde los 240 euros mensuales por dormir en un sofá, como señala Diego Jáuregi, de SOS Racismo-Bizkaia. Afrovasca remarca también que en el barrio de San Francisco, en Bilbo, hay pisos donde se tiran seis colchones en el suelo, se ponen cuatro cortinas y se cobra a los inmigrantes 180 euros por dormir en estas condiciones. Nkembo Manzambi, de Afrovasca, declara que “estamos hartos de estas situaciones. Si el Gobierno vasco asumiese lo intolerable de la situación y apoyase a los inmigrantes, estos podrían denunciar”. Pero sin ese apoyo resulta difícil, se exponen a quedarse en la calle.
Esta revista ha confirmado que, en San Francisco, existen viviendas en malas condiciones con alquileres superiores a los 751 euros mensuales donde viven más de diez personas inmigrantes, única forma de afrontar el pago.
Racismo
Los casos de racismo manifiesto corren de la mano de los propietarios particulares, quienes, al recibir una llamada telefónica de un inmigrante y notar el acento, preguntan por su procedencia y, a continuación, dan cualquier excusa para denegar el alquiler. Si los inmigrantes esquivan este obstáculo por medio de amigos oriundos que realizan la llamada en su lugar, el problema sobreviene en la entrevista personal.
Este fue el caso paradigmático de J. V., inmigrante centroafricano, quien concertó una entrevista a las 7:30 de la mañana y la dueña, al ver que era negro, le dijo que justo acababa de alquilar el piso a otras personas. “Pero cómo, a qué hora. Era mentira”, declara.
Según señala la asociación marroquí Almanar, a la hora de alquilar un piso, el problema, muchas veces, también viene de parte de vecinos que no quieren compartir edificio y escalera con inmigrantes. “Nos perciben como una amenaza para su comunidad”, declaran. Tanto en compras como alquileres se establece una especie de control por parte de algunos vecinos para que los nuevos inquilinos no sean inmigrantes. Fue el caso de Nor, cuando compró su actual vivienda y unos vecinos, al saber su origen marroquí, llamaron a los vendedores y a la inmobiliaria ofreciendo más dinero. “Pero tuve suerte y me lo vendieron, porque ya habíamos cerrado el trato”, dice.
Facilitar a los inmigrantes listas de teléfonos de presuntas viviendas en alquiler, a cambio de cantidades de dinero que oscilan entre los 150 y los 240 euros, es una práctica habitual de las agencias inmobiliarias. Así lo asegura John, un inmigrante que lleva más de cuatro años en Bizkaia y actualmente busca piso para alquilar.
C. P., una inmigrante camerunesa residente en Bilbo, con los papeles en regla y un hijo de corta edad, lleva meses buscando vivienda junto a su compañero, pero no encuentran nadie que les alquile. Una de sus últimas experiencias fue la siguiente: encontró en “El Correo” un anuncio donde se ofertaba un piso por 330 euros mensuales. Llamó por teléfono para interesarse y la citaron en el local de la agencia, sita en la Avenida Sabino Arana de la capital vizcaína. C. P. acudió acompañada de una amiga vasca. En la agencia les dijeron que sólo les pondrían en contacto con los propietarios del inmueble si previamente pagaban 210 euros, sin garantizar, por supuesto, el resultado de la operación.
Trabas en Iruñea
De este tipo de operaciones el caso más conocido es el de la Central de Propietarios de Iruñea. Entre las personas que denunciaron públicamente a esta Central, figuran cinco mujeres latinoamericanas que les pagaron entre 150 y 168 euros a cambio de teléfonos de vivienda en alquiler, pero en ningún caso consiguieron, no ya alquilar una vivienda, sino que simplemente se les facilitasen teléfonos de viviendas que no estuviesen ya alquiladas. En uno de estos casos, tras pagar 150 euros en junio de 2001 y no encontrar piso, la Central informó a la mujer de que, si deseaba más teléfonos, debía reabonar la misma cantidad en septiembre. En este último caso, se consultó desde SOS Racismo de Iruñea con Consumidores Iratxe, recibiendo por respuesta que legalmente no se podía actuar contra la Central porque esta a lo único que se comprometía era a facilitar unos números de teléfono, pero no se hacía responsable de los resultados de la búsqueda.
El problema para conseguir sanciones efectivas se encuentra en que el límite legal no está claramente definido. Esto hace que muchas de las denuncias no prosperen.
En la calle
La desidia administrativa, el racismo oculto o manifiesto de propietarios y vecinos y la sed de negocio de las inmobiliarias están condenando a los inmigrantes a la marginalidad más cruda. Cada vez es más frecuente encontrar a inmigrantes durmiendo en las calles. En Bilbo se les encuentra en grupos cada vez más nutridos durmiendo en el parque de Miribilla, Plaza Nueva, puente de San Antón, plaza Corazón de María, en edificios ruinosos dentro del barrio de San Francisco y en fábricas abandonadas en la zona de Errekalde. Las redes de apoyo mutuo entre inmigrantes ya no son suficientes para dar cobertura a tantos como llegan cada día. Entre tanto, las administraciones central y autonómica siguen mirando hacia otra parte.
El problema de la vivienda aparece edulcorado y falseado en prensa y TV
La distorsión por los media del problema de la vivienda para inmigrantes es una constante. Las informaciones oscilan entre las versiones edulcoradas de los reportajes informativos de ETB, TVE y cadenas privadas, y los artículos de tinte xenófobo. Entre estos se cuenta el firmado por Sonsoles Echavarren en “Diario de Navarra” el pasado enero, en el cual se centraba la atención en que el 38% de los adjudicatarios de Viviendas de Protección Oficial de Iruñea eran de origen extranjero y se hacía eco de declaraciones xenófobas de ciudadanos indignados por el hecho.
Posteriormente, apareció un artículo en “Diario de Noticias” incidiendo en la situación real de los inmigrantes y la vivienda en Nafarroa, y un comunicado de la Plataforma Denontzat, pero desde la prensa de Madrid se sigue incidiendo en ligar delito a inmigración y en negar los derechos civiles del colectivo.
El exportavoz del Gobierno español, Miguel Ángel Rodríguez, escribió en “La Razón” frases como: “Un marroquí llega a España de forma ilegal, le pagamos un subsidio, la escuela de sus hijos y la subvención de la ONG que sale a llamarnos hijos de puta”.
